La industria de la moda parece decidida a avanzar hacia un nuevo modelo más sostenible, circular y… ¿ético? Y dejamos abierta a interpretaciones esta última valoración, después de asistir a ver cómo iniciativas internacionales que parecían haber venido a corregir las grandes desigualdades y los abusos que se suceden dentro de las grandes cadenas de valor de las principales multinacionales de la moda y del textil, como el nuevo Acuerdo de Bangladesh, ahora Acuerdo Internacional, para la salud y la seguridad en la industria textil y de la confección, comienzan a mostrarse como insuficientes a la hora de tratar de garantizar unos derechos laborales básicos, que se les estarían negando a los trabajadores de la confección.
Al menos así se deduce del último trabajo de investigación llevado a cabo por el Worker Rights Consoritum (WRC), el Consorcio de los Derechos del Trabajador. Organización internacional independiente con sede central en Washington D. C., desde donde trabajan monitoreando el cumplimiento de los derechos laborales y llevan a cabo trabajos de investigaciones sobre las condiciones laborales en diferentes fábricas en las distintas partes del mundo, y que ha llevado a cabo un último proyecto de investigación centrado en las condiciones laborales de los trabajadores de la confección de Karnataka. Estado del suroeste de la India, y región en la que se encontrarían algunos de los principales proveedores textiles de multinacionales como Nike, Zara, H&M, Puma, Tesco, C&A, Gap o Marks&Spencer.
Según el trabajo de investigación llevado a cabo por el WRC, y que la organización se encargaba de dar a conocer a través del medio británico The Guardian a mediados de este mismo mes de diciembre, más de 400.000 trabajadores de la confección de Karnataka no estarían recibiendo el pago del salario mínimo legal establecido por el estado, desde el pasado abril de 2020. Casi dos años en los que han debido de tratar de subsistir con un sueldo por debajo de lo establecido, después de que las fábricas de la confección se negasen, según sostienen los trabajadores, a practicar la subida adicional de 417 rupias mensuales, unos 4,92 euros, que debía de haberse practicado desde entonces.
Como consecuencia de esta decisión, desde el WRC estiman que a cada trabajador textil d Karnataka se le adeudan unas 20 mensualidades, en lo que correspondería a un pago adicional de unos 8.351 rupias, unos 98,50 euros. Una cantidad que podría parecer nimia en su cambio a los valores económicos de otros mercados, pero que en suma representaría un impago que ascendería hasta la fecha hasta más de 48 millones de euros. Siendo no obstante lo más importante el que su impago habría empujado a los trabajadores, la mayor parte de ellos mujeres, a una situación de vulnerabilidad aún más acuciada de la que ya de por sí debían de venir haciendo frente.
“En términos de número de trabajadores afectados y dinero total robado, este sería el robo de salarios más atroz que jamás hayamos visto”, sostiene Scott Nova, director ejecutivo de WRC, en declaraciones a The Guardian. “Los hijos de los trabajadores de la confección pasan hambre para que las marcas puedan ganar dinero”.
“Si hubiéramos obtenido el aumento salarial el año pasado, podríamos haber comido verduras al menos algunas veces al mes”, pero “a lo largo de este año solo he alimentado a mi familia con arroz y salsa chutney”, se lamentaba una de las trabajadoras indias afectadas en declaraciones al mismo medio británico. “Traté de hablar con los gerentes de la fábrica al respecto”, sostiene, “pero me dijeron ‘esto es lo que pagamos por trabajar aquí. Si no te gusta, puedes irte’”.
A pesar de la puesta en marcha de esas iniciativas internacionales, como el nuevo Acuerdo de Bangladesh, la ley francesa de diligencia debida para las empresas o la que, en su mismo sentido, deberán de tramitar el resto de países de la Unión Europea, desde el WRC se lamentan de la, a su parecer, manifiesta inacción que frente a estos abusos demuestran las grandes multinacionales de la moda. Compañías y marcas que se habrían negado a intervenir o a actuar a pesar de los llamamientos que a este respecto les han invitado a hacer desde el WRC, como respuesta a la postura adoptada por sus distribuidores de esta región de la India.
Unos proveedores que se estarían defendiendo alegando que el Ministerio de Trabajo y Empleo de Karnataka emitió una suspensión de la aplicación de este aumento del salario mínimo poco después de su implementación en abril de 2020. Una suspensión frente a la que ya el año pasado el Tribunal Superior de Karnataka se manifestó en contra, dictaminando que el salario mínimo, incluidos todos los atrasos, debían de pagarse a los trabajadores independientemente del otro procedimiento judicial que los fabricantes han emprendido frente al mismo tribunal con el fin de suprimir, y cuando no dilatar, la subida de salarios. Siendo actualmente el sector de la confección y del textil de Karnataka, según el WRC, el único sector industrial de toda la región que se estaría negando a cumplir con la resolución.
“Han pasado casi dos años desde que los proveedores de ropa se han negado a pagar el salario mínimo legal”, y “las marcas han permitido que esto continúe, sabiendo que son las únicas con el poder para detener este robo de salarios generalizado”, añade Nova, para quien esta actitud de “indiferencia e inacción” le resulta a todas luces “vergonzosa y cruel”. “El pago del salario mínimo es prácticamente el límite más bajo en la responsabilidad de una marca hacia su fuerza laboral. Si ni siquiera insisten en que se les pague, entonces están dejando que continúe impunemente una violación de derechos humanos a gran escala”.
“Los aumentos salariales que recibimos cada año no llegaron a cubrir nuestros costes de vida”, y solamente alcanzan para cubrir “cosas como la comida para la familia y medicinas”, entraba a detallar otra de las afectadas, quien aseguraba haberse visto obligada a dejar su casa y a tener que irse a vivir con unos parientes después de no poder hacer frente al pago del alquiler. “Trabajar en las fábricas de ropa es muy penoso”, subraya. “Las marcas que compran en mi fábrica exigen calidad y que la ropa se envíe a tiempo, pero no les preocupa lo que pase conmigo”.
Como respuesta a estas sombras que se ciñen sobre sus cadenas de valor, de ahí la importancia de garantizar políticas de transparencia como la que están practicando otras multinacionales textiles como Mango, han sido diferentes las compañías que se abastecen en esta región de la India las que han decidido salir al paso de las informaciones, manifestándose como plenamente comprometidas con el pago del salario mínimo legal. Algo que esperan, pero que por el momento no garantizan que estén realizando, sus proveedores de Karnataka.
“Les hemos dejado claro a nuestros proveedores en Karnataka que deben pagar a los trabajadores el salario mínimo exigido por ley, incluidos todos los atrasos”, han manifestado desde el Grupo sueco H&M. “Si no lo hacen”, añaden, “en última instancia deberán hacer frente a serias consecuencias comerciales”.
“Esperamos que nuestros proveedores cumplan con el pago del VDA y con los atrasos”, añadían en esta misma línea desde la estadounidense Gap. Para ello, “hemos establecido un calendario, por lo que esperamos un cumplimiento total”.
En el mismo sentido, desde la cadena holandesa C&A habrían emitido un comunicado en el que aseguraban que habían exigido a sus proveedores que cumplieran con el mandamiento judicial. Algo de lo que estaban “seguros” que harían, y para lo que se mantenían a la espera de una confirmación por escrito de la medida a adoptar.
Siguiendo con estas exigencias, Marks&Spencer, Puma o Tesco eran otras de las compañías textiles que se manifestaban en la misma dirección. Mientras que Nike incidía en que “espera que todos los proveedores cumplan con los requisitos legales locales y el código de conducta de Nike”.
Por su parte, desde la española Inditex emitían unas declaraciones en la misma dirección, con las que entraban a destacar el que la multinacional dueña de cadenas tan populares como Zara “tiene un código de conducta estricto, que exige que todas las fábricas de nuestra cadena de suministros paguen salarios mínimos legales”. Por ello, “estamos contratando unos proveedores en la región a los que estamos urgiendo a que paguen el VDA”. “Los salarios”, añaden desde la multinacional española, “siempre deben ser suficientes para satisfacer al menos las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias”.
